Cómo es la Ley de Acceso a la Información Pública

Después de 15 años de demoras injustificables, nuestro país cuenta con una ley que obliga a los tres poderes del Estado, al Ministerio Público, a partidos políticos y a gremios, universidades y empresas que reciban aportes públicos a dar la información que les requiera todo ciudadano y en un plazo acotado.

La ley sancionada en la Cámara de Diputados por 182 votos positivos frente a 16 negativos (provenientes estos últimos de los bloques de izquierda, del socialismo y de Libres del Sur) ordena plazos muy precisos para que los órganos del Estado cumplan con su deber de informar: deben hacerlo dentro de 15 días de recibido el pedido y cuentan con una prórroga excepcional de un período idéntico. No más. Entre las excepciones a la entrega de esos datos figuran la información reservada, confidencial o secreta por razones de defensa o de política exterior; la que pudiese poner en peligro el sistema financiero, y los secretos de ese sector, los científicos e industriales cuya revelación pudiera dañar el nivel de competitividad.

Los diputados decidieron insistir en la versión que esa cámara había sancionado en mayo pasado, por lo que fueron descartadas las modificaciones propuestas por el Senado, lamentablemente entre ellas, la que también obligaba a informar a las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, como el caso de YPF.

Entre los puntos por destacar de la flamante norma figuran los siguientes:

  • Regula el derecho de los ciudadanos a conocer la información pública.
  • Establece que quien hace el pedido no necesita identificarse ni fundamentar su solicitud, ya que es su pleno derecho conocer el funcionamiento de los organismos públicos.
  • Estipula que la entrega de la información debe hacerse en formatos digitales abiertos, permitiendo que sean usados y distribuidos libremente por cualquier persona.
  • Crea órganos de control de transparencia al tiempo que obliga a implementar políticas activas de modo de mantener actualizada la información clave para el control de la gestión estatal.

Este último punto es determinante, pues para que haya un verdadero acceso debe existir un proceso previo: que la información se produzca y se guarde, y uno posterior: que se utilice.

Resta ahora la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo, la que debe contemplar la promoción de la cultura de la transparencia en las instituciones públicas. De nada sirve una ley si los funcionarios no se convencen de que esa información no les pertenece, sino que es propiedad de los ciudadanos. Cabe recordar que, a pesar de que el derecho a la información está reconocido por nuestra Constitución, no era cumplido. Hoy contamos con una ley nacional que deja a nuestro país fuera del pequeño grupo de naciones que siguen negándose a transparentar sus actos de gobierno, entre ellas, Venezuela, Bolivia y Cuba.

Habernos dado una norma en ese sentido es un gran paso, pero apenas el primero de un largo camino que garantice la efectiva vigencia del derecho, brindando una herramienta robusta para que la transparencia y la rendición de cuentas sea la regla y no la excepción.

Extracto del diario La Nación

Actualización 29/09/2016: Ya es oficial y pública. La Ley 27275 se publicó en el Boletín Oficial.

Sumate al pedido: Ley de Basura Electrónica YA!

Hola, ¿Ya viste este reclamo?

www.greenpeace.org.ar/desactivalabomba

Yo ya participé.

Los residuos de pilas, celulares y otros aparatos electrónicos que ya no usás, si no reciben un tratamiento adecuado, son una bomba tóxica de tiempo que contamina el agua, el aire y la salud de la gente.

Sólo los Diputados pueden desactivar esta bomba aprobando la Ley de Basura Electrónica antes de que el proyecto caiga el 30 de noviembre. Nos quedan pocos días y, aunque la ley ya tiene media sanción del Senado, ellos siguen sin actuar. Necesitamos tu ayuda para que los diputados den este último paso y voten la Ley antes de que sea tarde.

Exigiles ahora a los Diputados que desactiven la bomba tóxica votando la Ley de Basura Electrónica YA. Entrá a www.greenpeace.org.ar/desactivalabomba

La Provincia de Buenos Aires tiene ley de basura electrónica

El Senado de la Provincia de Buenos Aires convirtió en Ley un proyecto que regula la generación de residuos electrónicos y prevé que no sean enviados a los rellenos sanitarios.

Las condiciones para que los desechos electrónicos se transformen en insumos de nuevos procesos industriales son las siguientes:

  • Los consumidores deben separar los desechos electrónicos y devolverlos a las empresas productoras o municipios al final de su ciclo de vida útil.
  • Las marcas, productoras o importadoras de Aparatos Electrónicos deben recibir, reciclar o disponer los desechos electrónicos, asumiendo la logística y los costos de tratamiento de todo aquello que no se pueda reciclar.
  • El Estado debe impulsar a empresas recicladoras (créditos blandos, normas jurídicas claras, transferencia tecnológica) y facilitar la recolección municipal.

Fuente: Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires (vía canal-ar)

Proponen Colegiatura Informática

El Consejo de Profesional en Ciencias Informáticas ha publicado un proyecto de ley el cual propone que toda actividad vinculada con sistemas sea ejercida por profesionales del rubro que acrediten 10 años de experiencia y/o que tengan titulo de grado o posgrado en informática. En caso de no estar dentro de dichas variables será posible recurrir a un empadronamiento especial sujeto a aprobación del Consejo. (Fuente)

Enlaces:
Resumen de las propuestas
Proyecto completo
CPCI (que diseño web tan malo!)

Aumentarían impuestos sobre productos electrónicos

El Gobierno impulsa un proyecto de ley que grava con Impuestos Internos una serie de elementos electrónicos de uso común, al tiempo que duplica la alícuota de IVA que pagan los mismos, en lo que se perfila como un verdadero impuestazo a la clase media con subas trasladables a los precios de más del 30%.

La iniciativa propicia incorporar dentro del ámbito de los Impuestos Internos a bienes tales como celulares, laptops, equipos de aire acondicionado domésticos y GPS. También objetos de uso casero, como calentadores eléctricos, secadores de pelo, estufas eléctricas y todos los demás “aparatos electrotérmicos de uso doméstico.”

El Poder Ejecutivo justifica la medida, por un lado, en la necesidad de enfrentar con mejores medios la crisis financiera internacional, y por el otro, para propiciar el uso racional de la energía por tratarse de bienes que demandan un alto consumo energético.

Enlace: Proyecto de ley
Fuente: cronista.com