En el año 2016, el ministro de Gestión y Modernización de Argentina, Andrés Ibarra, anunció que se promovería la implementación del sistema de Gobierno Abierto para darle más transparencia al acceso de la ciudadanía a la información pública. ¿Qué significó este cambio y qué impacto tuvo en la gestión pública?
¿Qué es el Gobierno Abierto? 🤔
El Gobierno Abierto es una iniciativa multilateral orientada a propiciar compromisos concretos de parte de los gobiernos para promover la transparencia de la información pública, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la innovación. Desde 2012, la Argentina forma parte de la Alianza Mundial para el Gobierno Abierto, junto con otros 78 países.
¿Qué acciones se tomaron en Argentina? 🇦🇷
Para implementar el sistema, el ministro Ibarra anunció que todas las áreas del Gobierno tendrían un plan de comunicación e información que sería publicado y actualizado en forma permanente, abarcando datos sobre las estructuras, sueldos y declaraciones juradas de los funcionarios y el sistema de compras del Estado. Además, se impulsaron mecanismos de participación ciudadana, como consultas públicas, mesas de diálogo y espacios de colaboración.
¿Qué resultados se obtuvieron? 📈
Gracias a estas medidas, la Argentina mejoró su posición en el ranking mundial de Gobierno Abierto, pasando del puesto 54 al 17 en el año 2018. También se lograron avances en materia de acceso a la información, transparencia fiscal, datos abiertos, gobierno electrónico y anticorrupción. Sin embargo, también se enfrentaron desafíos y limitaciones, como la falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno, la resistencia de algunos sectores a compartir información y la brecha digital que dificulta el acceso de la población a los servicios en línea.
👉 Cómo es la Ley de Acceso a la Información Pública
Conclusión
El sistema de Gobierno Abierto fue una apuesta innovadora y ambiciosa que buscó transformar la relación entre el Estado y la ciudadanía, basada en la confianza, la colaboración y la co-creación. Aunque no se lograron todos los objetivos planteados, se sentaron las bases para una gestión pública más transparente, participativa y eficiente.