Cómo es la Ley de Acceso a la Información Pública 📜

En el año 2016, después de 15 años de demoras injustificables, nuestro país logró contar con una ley que obligaba a los tres poderes del Estado, al Ministerio Público, a partidos políticos y a gremios, universidades y empresas que recibieran aportes públicos a dar la información que les requería cualquier ciudadano y en un plazo acotado. Esta ley fue un gran avance para la transparencia y el control de la gestión pública, pero también tuvo sus limitaciones y desafíos.

El contexto histórico de la ley 🗓️

La ley de acceso a la información pública fue sancionada por Diputados el 14 de septiembre de 2016, con 182 votos positivos y 16 negativos. Los votos negativos provenían de los bloques de izquierda, del socialismo y de Libres del Sur. La ley fue publicada en el Boletín Oficial el 29 de septiembre de 2016, con el número 27275.

Se gestó luego de la asunción del presidente Mauricio Macri en diciembre de 2015, que prometió transparencia y modernización del Estado. También respondía a una demanda social y de organizaciones de la sociedad civil, que venían reclamando desde hacía años una norma que regulara el derecho de los ciudadanos a conocer la información pública.

Se basaba en el principio de que la información pública es un derecho humano, reconocido por la Constitución Nacional y por tratados internacionales. La ley también se inspiraba en las mejores prácticas internacionales y en los estándares de la ONU y de la OEA.

Los principales puntos de la ley 📌

La ley de acceso a la información pública establecía los siguientes puntos:

• Regulaba el derecho de los ciudadanos a solicitar y recibir información pública de cualquier organismo o entidad que ejerciera funciones públicas o que administrara fondos públicos, sin necesidad de identificarse ni de explicar los motivos de su pedido.
• Establecía que la entrega de la información debía hacerse en formatos digitales abiertos, que permitieran su uso y distribución libre por cualquier persona.
• Creaba órganos de control de transparencia, como la Agencia de Acceso a la Información Pública, que tenía la función de garantizar el cumplimiento de la ley, resolver las controversias y sancionar las infracciones.
• Obligaba a implementar políticas activas de publicación de información clave para el control de la gestión estatal, como presupuestos, contrataciones, subsidios, salarios, etc.
• Estipulaba que la información debía entregarse en un plazo máximo de 15 días hábiles, con una prórroga excepcional de otros 15 días. Si el organismo no respondía o denegaba la información, el solicitante podía presentar un recurso ante la Agencia de Acceso a la Información Pública.
• Preveía algunas excepciones a la entrega de información, como la que fuera reservada, confidencial o secreta por razones de defensa, política exterior, seguridad, sistema financiero, secreto científico, industrial o comercial, o que afectara la intimidad o los derechos de terceros. Sin embargo, la ley establecía que estas excepciones debían ser interpretadas de forma restrictiva y que debían prevalecer el interés público y el principio de máxima divulgación.

Las limitaciones y desafíos de la ley 🚧

La ley de acceso a la información pública fue un gran paso para la transparencia y el control de la gestión pública, pero también tiene limitaciones y desafíos. Algunos de ellos fueron:

• No incluyó a las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, como el caso de YPF, que quedaron fuera del alcance de la ley. Esta fue una modificación que propuso el Senado, pero que fue rechazada por la Cámara de Diputados.
• Tampoco incluyó a los poderes legislativos provinciales ni a los municipios, que debían dictar sus propias normas de acceso a la información. Esto generó una situación de desigualdad y disparidad entre las distintas jurisdicciones del país.
• Requirió una reglamentación por parte del Poder Ejecutivo, que debía contemplar la promoción de la cultura de la transparencia en las instituciones públicas. Sin embargo, la reglamentación se demoró más de un año y recién se publicó en el Boletín Oficial el 29 de diciembre de 2017, con el decreto 206/2017.
• Enfrentó resistencias y obstáculos por parte de algunos organismos y funcionarios, que no cumplieron con los plazos, las condiciones o los formatos de entrega de la información, o que directamente negaron o ignoraron los pedidos de información. Esto generó numerosos reclamos y recursos ante la Agencia de Acceso a la Información Pública, que debió intervenir para garantizar el derecho de los ciudadanos.
• También planteó desafíos para la ciudadanía, que debía ejercer su derecho a la información de forma responsable, informada y crítica, y para las organizaciones de la sociedad civil, que debían monitorear el cumplimiento de la ley, difundir sus beneficios y capacitar a los ciudadanos.

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Conclusión

La ley de acceso a la información pública fue una conquista histórica para conocer mejor cómo se administran los recursos públicos. También fue una herramienta para mejorar la calidad de las políticas públicas, para prevenir y combatir la corrupción y para fortalecer la participación ciudadana.

Sin embargo, no fue una varita mágica que solucionó todos los problemas de transparencia y rendición de cuentas. La ley requiere de una implementación efectiva, de una voluntad política genuina y de una ciudadanía activa y comprometida. Fue un gran paso, pero apenas el primero de un largo camino que debemos recorrer.