Después de 15 años de demoras injustificables, nuestro país cuenta con una ley que obliga a los tres poderes del Estado, al Ministerio Público, a partidos políticos y a gremios, universidades y empresas que reciban aportes públicos a dar la información que les requiera todo ciudadano y en un plazo acotado.
La ley sancionada en la Cámara de Diputados por 182 votos positivos frente a 16 negativos (provenientes estos últimos de los bloques de izquierda, del socialismo y de Libres del Sur) ordena plazos muy precisos para que los órganos del Estado cumplan con su deber de informar: deben hacerlo dentro de 15 días de recibido el pedido y cuentan con una prórroga excepcional de un período idéntico. No más. Entre las excepciones a la entrega de esos datos figuran la información reservada, confidencial o secreta por razones de defensa o de política exterior; la que pudiese poner en peligro el sistema financiero, y los secretos de ese sector, los científicos e industriales cuya revelación pudiera dañar el nivel de competitividad.
Los diputados decidieron insistir en la versión que esa cámara había sancionado en mayo pasado, por lo que fueron descartadas las modificaciones propuestas por el Senado, lamentablemente entre ellas, la que también obligaba a informar a las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, como el caso de YPF.
Entre los puntos por destacar de la flamante norma figuran los siguientes:
- Regula el derecho de los ciudadanos a conocer la información pública.
- Establece que quien hace el pedido no necesita identificarse ni fundamentar su solicitud, ya que es su pleno derecho conocer el funcionamiento de los organismos públicos.
- Estipula que la entrega de la información debe hacerse en formatos digitales abiertos, permitiendo que sean usados y distribuidos libremente por cualquier persona.
- Crea órganos de control de transparencia al tiempo que obliga a implementar políticas activas de modo de mantener actualizada la información clave para el control de la gestión estatal.
Este último punto es determinante, pues para que haya un verdadero acceso debe existir un proceso previo: que la información se produzca y se guarde, y uno posterior: que se utilice.
Resta ahora la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo, la que debe contemplar la promoción de la cultura de la transparencia en las instituciones públicas. De nada sirve una ley si los funcionarios no se convencen de que esa información no les pertenece, sino que es propiedad de los ciudadanos. Cabe recordar que, a pesar de que el derecho a la información está reconocido por nuestra Constitución, no era cumplido. Hoy contamos con una ley nacional que deja a nuestro país fuera del pequeño grupo de naciones que siguen negándose a transparentar sus actos de gobierno, entre ellas, Venezuela, Bolivia y Cuba.
Habernos dado una norma en ese sentido es un gran paso, pero apenas el primero de un largo camino que garantice la efectiva vigencia del derecho, brindando una herramienta robusta para que la transparencia y la rendición de cuentas sea la regla y no la excepción.
Extracto del diario La Nación
Argentina salda una vieja deuda con la transparencia #TenemosLey #AccesoalaInformación pic.twitter.com/uhxOuwHq95
— Adrián Pérez (@adrianperezARG) September 14, 2016
Actualización 29/09/2016: Ya es oficial y pública. La Ley 27275 se publicó en el Boletín Oficial.
