La justicia de la Ciudad de Buenos Aires (que solo tiene competencia y jurisdicción municipal, es decir, dentro de la ciudad) pretende obligar a los operadores móviles a que bloqueen Uber, una decisión de alcance federal que afectaría también a usuarios fuera de CABA. Por ejemplo, a quienes viven en Gran Buenos Aires y usan Uber sin ingresar a la ciudad, o a los que viajan al exterior y quieren usar Uber desde sus teléfonos usando roaming.
El tema es cómo el Estado (en este caso municipal) debe lidiar con nuevos modelos basados en Internet, donde no se debería resistir el cambio sino incorporarlo minimizando su impacto negativo.
Pasaron más de dos años desde la llegada de Uber y la situación sigue igual o peor que primer día, agravada por el comportamiento parapolicial de un grupo de taxistas, lo que sienta un peligrosísimo antecedente.
Asociaciones de telecomunicaciones expresaron su preocupación por bloqueo
La Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) y la GSMA hicieron un llamamiento a las autoridades judiciales y al Enacom para que se deje sin efecto dicho requerimiento y se consideren otras vías para dar cumplimiento a la regulación vigente en el ámbito del transporte de pasajeros.
“El bloqueo de contenidos y servicios de internet constituye una medida extrema que tiene potenciales efectos nocivos sobre la integridad y seguridad de la red y de ningún modo constituye una solución al problema de fondo que la Sala II pretende resolver. Se trata de una medida de difícil aplicación técnica y que sitúa a las operadoras móviles en un rol que no les corresponde,” dijeron las entidades en un comunicado.
Explicaron además que las técnicas de bloqueo tienden a presentar dos desventajas principales:
- No resuelven el problema ya que no eliminan el contenido de internet, no detienen la actividad ilegal ni procesan a los responsables; tan solo suponen un falso muro frente al contenido
- Ocasionan daños colaterales ya que no son precisas, ponen a los usuarios en riesgo (cuando intentan eludir los bloqueos), y reducen la transparencia y la confianza en internet, favoreciendo la clandestinidad de los servicios e invadiendo la privacidad de los usuarios.
Por último, explicaron que la Justicia de la Ciudad no tiene competencia en las comunicaciones y servicios de internet ya que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que las actividades que se llevan a cabo por vía de internet, en tanto medio global de interrelación que permite acciones de naturaleza extralocal, conlleva inherentemente la competencia federal.”